Por: ARQ. JORGE DAVID VILLAGOMEZ FERNANDEZ
Académico del ITESO
Desde el origen de la ciudad moderna postindustrial y sus consecuentes problemas de crecimiento y envejecimiento, los proyectos de intervencion urbana -por llamarlos genéricamente- han sido una práctica comúnmente aplicada en las principales ciudades del mundo europeo y posteriormente en las americanas con diferentes propósitos, razones u objetivos -aunque no necesariamente los declarados inicialmente-; pero como rasgo común, han sido defindidos por razones de “utilidad publica y en beneficio de la comunidad” (asi en genérico)-. En función de su especificidad podemos citar los llamados proyectos de regeneración urbana, de conservación, de redensificación, de imagen urbana y otros más atendiendo a una extensa lista de propósitos coyunturales según la época y circunstancias que los motivaron.
De manera pues que la estrategia de intervenir la estructura urbana desde el gobierno local por diversas razones no es novedosa en la historia de la ciudad moderna y tampoco que las autoridades de países en desarrollo repliquen esta estrategias en sus ciudades, aunque en ocasiones burda y desafortunadamente, pocas veces con éxito, todo ello en búsqueda de un “modelo urbano deseable” (aquí cabe preguntar: “deseable por quién y para quién?”). Ahora le “toca” a Guadalajara con motivo de los Juegos Panamericanos.
El punto central a analizar es la elección del sitio donde se pretende hacer dicha intervención y sobre todo los argumentos y las formas con que las se pretenda convencer de sus beneficios económicos y sociales. Evidentemente no son lo mismo zonas centrales, consolidadas e históricas que áreas nuevas y despobladas. La diferencia en cuanto a la magnitud y costo de las acciones urbanas: expropiación, demolición, reconstrucción, modificación de la estructura vial y un largo etcétera, marcan una gran diferencia en cuanto al volumen y costo económico a invertir; pero no todo se reduce a la cuestión económica y técnica ya que además se afectan los derechos de propietarios y usuarios que en la mayoría de los casos tienen varios años, si no es que generaciones, de vivir ahí y hoy bajo el pretexto del compromiso de los juegos panamericanos, autoridades y sus equipos técnicos de abogados, urbanistas y arquitectos, han “elegido” la zona de conocido y antiguo parque central como la zona mas apta; por tanto, y debido a éste criterio y circunstancias ajenas a ellos -ya que los vecinos no decidieron asumir la responsabilidad de los juegos y mucho menos la elección de la zona de intervención-, se ven ahora amenazados en cuanto a su rumbo y modo de vida futura se refiere.
Las preguntas son muchas para desarrollarlas en este espacio, pero lo mas significativo es que las autoridades actuales locales tienen una excelente oportunidad para mostrar la suficiente madurez política para hacer de un proyecto puntual un proyecto de participación social, sin imponer criterios legales y técnicos ante una comunidad que tiene derechos adquiridos por generaciones y que no necesariamente se resarcen con pagos económicos. Muchas de ellos, al ceder, perderán espacio vital privado y público, tiempo de traslado de sus nuevas viviendas a sus centros de trabajo, de educación, de salud, de recreación, etc., así como sus vínculos sociales y su historia personal en el sitio, además de que la ciudad puede perder valiosos espacios urbanos de importancia histórica y simbólica por supresión o alteración de áreas privadas y públicas. Recordemos una vez mas que Guadalajara ha perdido en razón de varias intervenciones la mayoría de su arquitectura de los siglos pasados.
Por otra parte, derivado de los altos costos económicos de la intervención y su necesaria recuperación, es posible que en el mejor de los casos, otros grupos sociales con mayor capacidad económica pudieran llegar a ocupar el sitio. Hay que subrayar: en el mejor de los casos, porque en este momento no hay quien garantice que las áreas centrales sean atractivas como zonas de vivienda a pesar de todas las posibles ventajas que un análisis simple y teórico sugiriera (análisis por cierto pendiente de realizar para los funcionarios técnicos que para eso están o deberían estar). El hecho concreto y evidente es que la gente esta abandonando el centro de Guadalajara como zona preferentemente habitacional e insistir en revertirlo éste fenómeno sin mas argumentos que los técnicos, económicos y políticos son una gran riesgo para el resto de la comunidad porque no queda claro, cuando menos, para quien escribe, de donde provendrán los recursos económicos para realizar dicha intervención. Si se piensa una vez más que será por medio de endeudar a la comunidad general de la ciudad seria, desde mi punto de vista, un despropósito e irresponsabilidad histórica de quien(es) lo autoricen. Una deuda publica más, inequitativa e injusta para el resto de la ciudadanía que poco o nada tiene que ver con el proyecto. La ciudad actualmente tienen enormes problemas de funcionamiento, de vialidad y transporte, de servicios en general, como para obligarla a cargar con una deuda publica considerable y condenarla a invertir sus próximos años en pagar una inversión mal redituada y socialmente no compartida. Los ejemplos abundan, en esta ciudad donde tenemos experiencias de proyectos similares parcial o totalmente fallidos, la Plaza Tapatía nunca floreció como proyecto de inversión, la céntrica Plaza de los Marichis se encuentra abandonada y sucia como siempre a pesar de los diversos intentos de “revitalización turística”, etc.
Desafortunadamente es una decisión que puede ser tomada en desigualdad de fuerzas en el sentido de que por un lado la autoridad tiene toda la infraestructura institucional legal y técnica para tratar de llevar a cabo el proyecto, a diferencia de la parte social generalmente desorganizada, sin recursos de tiempo y dinero suficientes para asesorarse oportuna legal y económicamente ante las consecuencias que les aporte dicho proyecto. Sin duda, un “diálogo” desigual, las fuerzas difícilmente llegarán a estar en condiciones de equidad. Precisamente por ello el llamado a la autoridad para que asuma su máxima responsabilidad ética y moral que le da la representatividad social para velar, vigilar, proteger el patrimonio de la comunidad antes los intereses puntuales y particulares de unos cuantos.
